Foto de: Andolu
El coordinador de la ONG venezolana Aula Abierta, David Gómez, afirmó que el salario mínimo en su país es equivalente a USD 5,5 y que solo alcanza para comprar un pollo de dos kilos.
El pronunciamiento lo hizo en la audiencia ‘Libertad sindical y derechos laborales en Venezuela’ que se cumplió este jueves en la ciudad de Sucre, en Bolivia, en el marco del 171 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gómez manifestó, además, que la canasta alimentaria en su país equivale a USD 300 y consideró que los USD 5,5 definidos por el Gobierno de Nicolás Maduro son “una violación al derecho a un salario digno”.
El ponente en la audiencia de la CIDH denunció además que los gremios sindicales en Venezuela cuentan con coberturas “insignificantes en materia de seguridad social”.
“Por ejemplo, la cobertura a los profesores universitarios a través del Sistema de Salud (Sismeu) por patología o para la atención de emergencias médicas equivale a USD 1,5 por año”, afirmó Gómez.
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Durante la audiencia, Gómez indicó que el Gobierno violentó las escalas salariales pactadas en negociaciones colectivas a partir de la reconversión monetaria de agosto de 2018 con la aprobación de una tabla salarial única para toda la administración pública.
“Denunciamos prácticas de violaciones a la libertad sindical, a la negociación colectiva, el derecho a la asociación y a la no discriminación, entre otros instrumentos”, afirmó el líder de la ONG Aula Abierta.
La organización Aula Abierta también denunció que una de las razones del éxodo de profesores venezolanos al exterior es que no cuentan con salarios dignos y protección a su salud.
Otras organizaciones que asistieron a la audiencia como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) denunciaron que en su país existe criminalización de las protestas, detenciones arbitrarias y discriminación política por parte de agentes del Estado.
Los representantes del Estado de Venezuela afirmaron durante la audiencia que el Gobierno rechaza “la grosera intervención e interferencia de Estados Unidos y gobiernos de la región contra nuestro país”.
La posición del Estado venezolano en la audiencia fue que el país ha sido afectado por sanciones que han deteriorado el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Detalló que ha respondido con aumentos de salarios y que estableció medidas para distribuir alimentos a bajo costos y proteger a sindicatos.
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