Dentro de la Ley de sometimiento de organizaciones criminales, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, se contempla que los operadores de telefonía móvil deberán informar al destinatario cuando una llamada provenga de un centro carcelario.
Además deberán indicar el nombre del establecimiento desde el cual se origina la llamada y de no hacerlo, tendrían que pagar millonarias multas.
Este es uno de los puntos más polémicos dentro de la mencionada Ley que establece acciones para investigar y judicializar a organizaciones delictivas, especialmente las relacionadas con terrorismo, lavado de activos y corrupción.
Cabe destacar que el 40% de las denuncias de extorsión que recibe el Gaula en Bogotá son por extorsiones telefónicas realizadas desde las cárceles.
"Manifiestan ser de grupos al margen de la ley, exigen cosas de difícil consecución como uniformes o armamento, con el fin de posteriormente les realicen las consignaciones del dinero", indicó el mayor William Fabián Guzmán, comandante encargado del Gaula de Bogotá.
Los operadores celulares aún no se han pronunciado sobre esta nueva disposición.
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Periodista: Margarita Silva
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