Como "centros de reclusión permanente" calificó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, a las URI de Bogotá. En un recorrido hecho en las últimas horas el funcionario encontró a detenidos que ya cumplen 2 años de permanencia cuando lo normal son 36 horas.
Conforme a la inspección realizada por la Defensoría del Pueblo en las Unidades de Reacción Inmediata de la capital, el hacinamiento asciende a más del 1.000 %. Se evidencia además fallas en la atención de los detenidos.
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“La vulneración de derechos es evidente en estos lugares, allí no se dan las condiciones para que una persona pueda habitar y se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y alimentación, entre otras”, aseguró Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
La capacidad de las celdas también es otro de los inconvenientes denunciados por la Defensoría del Pueblo.
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El organismo humanitario le pidió a las autoridades adelantar acciones que permitan la reubicación de las personas recluidas y celeridad en los procesos de definición judicial de los detenidos .
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