En febrero del año pasado la Corte Constitucional había tomado la decisión de ordenarle al Congreso de la República legislar sobre las corridas de toros en Colombia en un periodo máximo de dos años (que se cumple en 2019), ante la iniciativa, senadores de la bancada animalista reaccionaron y consideraron que esto era un impulso para presentar un proyecto que prohibiera, en definitiva, estos eventos.
Además, exhortó al legislativo para que decidiera respecto a la ‘fiesta brava’ y otros espectáculos similares que fueron excluidos de multa o castigo en la ley 1774 de 2016, que estableció sanciones por el maltrato animal en el país.
De no acogerse a este lapso, la tauromaquia y otros eventos como las peleas de gallos, el rejoneo, las corralejas y otras prácticas populares quedarán prohibidas en todo el país.
Sin embargo, la Corte dio un paso atrás con la decisión que había tomado, porque había incluido a las corridas de toros en la lista de prácticas en las que se comete maltrato animal.
Esta decisión se dio debido a que en la anterior determinación se había desconocido que se debían respetar las corridas en municipios en las que la ‘fiesta brava’ tuviera arraigo cultural.
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