Mientras la oposición protestaba, representantes de 18 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron el lunes que el 31 de mayo se realice una reunión de cancilleres para evaluar la crisis de Venezuela.

Aunque la mayoría de los adversarios del mandatario se mantenía pacíficamente en las calles, en algunos puntos de las ciudades centrales de Barquisimeto y Valencia la manifestación escaló y al menos dos policías resultaron heridos, informó la Fiscalía.

“En atención primaria dada a Policía de Carabobo se reportó sin signos vitales, sin embargo confirman que está en estado crítico luchando por su vida”, informó el gobernador del central estado Carabobo, Francisco Ameliach.

Ameliach, aliado del presidente Maduro, acusó a la coalición de partidos de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de encender los disturbios. “Sectores de la MUD en Carabobo dirigen la violencia”, agregó.

Por otra parte, el Ministerio Público dijo que investiga el arrollamiento de tres personas en Cabudare, un ciudad cercana a Barquisimeto, capital del occidental estado Lara.

La oposición acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador que usa su influencia sobre las instituciones del Estado para mantenerse en el poder. Pero el mandatario alega que sus enemigos políticos están agitando las calles con disturbios y manifestaciones, sólo para derrocarlo.

El presidente dice que la salida de la crisis política está en una Asamblea Constituyente para reescribir parte de la carta magna, pero sus adversarios temen que la nueva legislación abra puertas que faciliten al “chavismo” mantenerse en el poder más allá de 2019, cuando culmina su período.

Casi al anochecer, en Caracas buena parte de los manifestantes se mantenían en la principal autopista, mientras otros grupos fueron dispersados por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos.

En la ciudad fronteriza de San Cristóbal los opositores cocinaron una sopa comunitaria y en Ciudad Guayana la gente leía sentada en el piso.

“Tenemos más de 42 días en esto, y no nos vamos”, dijo Anelin Rojas, una empleada de recursos humanos de 30 años, sentada en una autopista de Caracas, usando audífonos y leyendo un libro. En seis semanas de protestas y disturbios al menos 38 personas han muerto, incluyendo manifestantes, simpatizantes del Gobierno, peatones y miembros de las fuerzas de seguridad. Cientos han resultado heridos o arrestados.

Maduro dijo el domingo que “pronto” entregará un decreto al árbitro electoral para establecer las bases comiciales para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, con las que se establecerá el método de votación y postulación de los nuevos redactores de la carta magna.

Hasta ahora el Gobierno ha sido impreciso sobre el método de la elección y sólo ha adelantado que será “sectorial” y “territorial”.

En el interior del país los opositores también trancaban vías. Ganaderos en Táchira, en los Andes venezolanos, detuvieron sus jornadas en apoyo a la protesta y regalaron leche y queso a los manifestantes. Al sur, en el estado Bolívar, agricultores bloquearon por unas horas una carretera que conecta con Brasil.

Unas 35 personas habrían sido detenidas sólo el lunes por organismos de seguridad en medio del cierre de vías, informó el grupo defensor de derechos humanos Foro Penal.

La oposición está buscando apoyo internacional para mantener la presión contra Maduro y ha logrado el pronunciamiento de varios gobiernos a favor de sus peticiones, particularmente de adelantar las elecciones.

La Unión Europea instó a las autoridades venezolana a celebrar elecciones y liberar a un centenar de políticos y activistas que están presos, en su reacción más crítica hasta la fecha hacia los eventos que sacuden al país petrolero.

El Gobierno de Maduro ha dicho que no permitirá la “injerencia” en su política interna y mantiene que las elecciones presidenciales se celebrarán a fines de 2018, como está establecido en el calendario, a pesar de que todavía no se han convocado dos comicios regionales previstos para 2017.

Venezuela está sumida en una profunda recesión desde 2014, agravada por el retroceso de los precios de petróleo, la principal fuente de dinero del país, que depende de sus importaciones y también sufre escasez de alimentos y medicinas y una altísima inflación.