Imagen de referencia tomada de: Pixabay.
Agresión sexual contra menores de edad, estafas desde la cárcel La Picota en modalidad de encomienda y decodificadores de televisión ilegales, esos casos son razón de las últimas capturas efectuadas por la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
Entre agosto de 2018 y diciembre de 2020 las menores y su familia fueron inquilinas del presunto abusador de 73 años en el barrio los Alpes de la localidad Bosa. Se ganó la confianza de la madre y según las autoridades, aprovechó momentos a solas para abusar de las niñas de 8 y 12 años.
José Manuel Martínez, director seccional Bogotá de la FGN, explicó que “el presunto abusador fue capturado, y un fiscal de la unidad de delitos sexuales imputó los delitos de actos sexuales con menores de 14 años agrabado y acto sexual violento agravado”.
Aunque el hombre no aceptó cargos, fue privado de su libertad.
Cinco personas de un grupo conocido como los cuatreros, se encargaban de estafar a personas desde la cárcel La Picota de Bogotá haciéndose pasar por un familiar o conocido, que enviaba una encomienda desde el exterior, luego un falso funcionario llamaba para dar a conocer que el paquete sobrepasaba el peso permitido para que pagaran un excedente.
“Las llamadas continúan para comunicarle a las víctimas que dentro de la encomienda venían dólares o en euros y que por considerarse un delito debían pagar un dinero para evitar la supuesta judicialización”, aseguró el director seccional Bogotá de la FGN.
10 víctimas habrían sido afectadas patrimonialmente con cerca de 126 millones de pesos, a los responsables les imputaron los delitos de extorsión agravada.
En otro caso, decodificadores fueron vendidos por internet desde Antioquia a Bogotá y el Eje Cafetero hasta por 900.000 pesos. Como consecuencia se logró la primera condena por violación a los mecanismos de protección de la televisión por suscripción.
Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra violaciones a los Derechos Humanos, “el judicializado de manera ilegal y sin tener autorización para eso, comercializó decodificadores para desencriptar y acceder de manera ilegal a la señal satelital de importantes canales internacionales de televisión".
Cuatro años de prisión y una multa de 26 salarios mínimos legales vigentes deberá pagar el implicado.
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