Con el decreto legislativo 568 del 15 de abril de 2020, el Gobierno Nacional creó el impuesto solidario por el la COVID-19 que pretende gravar los salarios de los servidores públicos, contratistas y pensionados del Estado que devengan más diez millones de pesos mensuales.
Noticias Capital conoció las pruebas que pidió la Corte Constitucional al Gobierno para validar la constitucionalidad de dicho decreto.
Para el magistrado Luis Guillermo Pérez este impuesto es inconstitucional porque atenta contra tres derechos fundamentales de los funcionarios públicos.
Juristas señalan que el impuesto solidario por la COVID-19, disminuye efectivamente los ingresos procedentes del empleo y desmejora los derechos sociales del trabajador; el documento expedido por la Corte fue enviado a la Presidencia de la República quien deberá responder en tres días.
Aquí el informe completo:
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