Tomado de: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
En Colombia, el Estado reconoce 9 '113.500 víctimas del conflicto armado entre 2020 y 2021, las víctimas que han llegado a Bogotá por el incremento de las violencias en las regiones aumentaron en 20 %
Según la Alta Consejería de la ciudad, las primeras etapas de esta pandemia influyeron en esta situación.
La entidad destaca que Bogotá había dejado de recibir un flujo constante de víctimas producto del Acuerdo de Paz antes de la pandemia.
Vladimír Rodríguez, alto comisionado para las víctimas, aclaró, “a Bogotá llegaron 13.394 víctimas. Es un número muy alto cuando lo comparas con los últimos cuatro años”.
La Alta Consejería tiene en sus registros más de 370.000 víctimas en Bogotá, se ha contactado con el 70 % de ellas.
“Y una vez se abrieron, por decirlo de esa manera, las fronteras regionales, Bogotá recibe un gran número, primero de víctimas del conflicto armado, los territorios que podemos caracterizar principalmente son: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Meta y Guaviare”, señaló el alto comisionado.
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El aumento de víctimas que llegaron a Bogotá en 2021 ha sido del 20 % en cuestión de excombatientes, el número pasó de 850 en 2020 a 1.200 en 2021, pero no son los únicos.
Rodríguez explicó, “no solamente la población Emberá que es la más evidente, sino también poblaciones afro, poblaciones de otras etnias indígenas”.
A estas poblaciones el Distrito les ha prestado ayudas como red de acompañamiento con servicios de salud e identificación de necesidades.
“El momento en que las poblaciones desplazadas de los territorios nacionales se conviertan en poblaciones reubicadas, como estado y como sociedad, estamos aceptando que perdimos frente a la violencia”, declaró el alto comisionado.
Según la Alta Consejería para las Víctimas los principales causantes de estas situaciones son los grupos armados organizados, conocidos como bacrim y las llamadas disidencias de la Farc.
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Vladimír Rodríguez concluyó, “este problema se resuelve con la intervención en los territorios profundos y llenos de necesidades, que hoy están en espera de ver los resultados de la implementación del Acuerdo de Paz”.
La Personería, la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería articulan acciones para que las víctimas puedan lograr alojamiento por 90 días mientras el Gobierno activa la ruta de reparación para ellos.
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