Organizaciones sociales y Fenalce le piden al Consejo de Estado dejar sin efectos el decreto 523 que expidió el Gobierno Nacional bajo el amparo de la emergencia económica por el COVID-19, tras considerar que afecta los intereses de los productores de cereales del país y de paso pone en riesgo la soberanía alimentaria y la agricultura familiar.
Maíz, trigo, cebada, entre otros productos se verían afectados por la decisión del Gobierno de permitir importarlos sin aranceles. Diecinueve organizaciones sociales como Fenalce, que reúne a los cerealistas del país, lo consideran discriminatorio.
Las organizaciones consideran que el decreto 523 afecta, tanto la producción agrícola nacional como también la agricultura familiar.
A las reclamaciones de las organizaciones sociales, el gremio de los cerealistas en el país se unió Fenalce, que demandará el decreto por falsa motivación. En 2019, Colombia sembró en solo maíz amarillo más de 390 mil hectáreas, en donde Cundinamarca y Boyacá, por ejemplo, suman un 10 por ciento del área sembrada en el país.
Se espera que el Consejo de Estado defina en el menor tiempo posible la legalidad del decreto 523.
Aquí el informe completo:
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