Este carrusel venía controlando el millonario suministro de las frutas que se incluyen en aproximadamente 700.000 raciones diarias que se reparten en los colegios distritales.

Desde un comienzo Peñalosa hizo especial énfasis en darle claridad y transparencia al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para garantizarles a los niños y las niñas de Bogotá una alimentación con calidad.

Para tal efecto, la Secretaría de Educación del Distrito firmó una alianza con Colombia Compra Eficiente, entidad que se encargó de abrir las licitaciones públicas respectivas para la compra de alimentos, su almacenamiento, ensamble y distribución.

Y fue este proceso de transparencia lo que permitió que dicha entidad identificara una posible confabulación entre proveedores para subir los precios de las frutas o incluso para no presentarse a la licitación pública y dejar a en manos de un solo proponente la contratación.

Estos indicios fueron informados en febrero a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual acaba de formular pliego de cargos contra cinco empresas y siete personas naturales por conformar un cartel que buscaba afectar los precios de dos licitaciones.

Esta confabulación puso en peligro el abastecimiento en un 83% de las frutas que se incluyen en los refrigerios escolares, entre el 15 de marzo y el 8 de junio, y generó un incremento del 50% en el valor de las mismas.

Por esta razón la Superindustria vinculó a este proceso a las firmas Industria de alimentos Saza S. A. S., Comercializadora Disfruver S. A. S., Namasté Food S. A. S., Alimentos Spress Ltda. y Best Colombian Fruits S. A. S.

Y como personas naturales a Hugo Nelson Daza Hernández, Néstor Alejandro Castelblanco García, Stella Téllez Hernández, Andrea Rosas Díaz, Juan Pablo Fonseca Sánchez, Geimi Soleimi Daza Villar y Héctor Hugo Castelblanco Castelblanco.