Ante el llamado de presuntos fraudes y actos de corrupción en las elecciones del 13 de marzo, las autoridades trabajan para aumentar los controles y crear estrategias que contrarresten dichas prácticas.
La Policía Metropolitana de Bogotá dispondrá de 6.700 uniformados, para custodiar y estar atentos ante cualquier práctica fraudulenta, de los 901 puestos de votación habilitados.
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Por su parte, la Misión de Observación Electoral identificó que en 335 municipios existe riesgo de fraude para la votación a la Cámara y para el Senado hay riesgo en 323.
“La mayor cantidad de fraudes se dan entre el E14 y el E24, esto es entre el resultado de la mesa de votación y el resultado de los escrutinios”, afirmó Guillermo Reyes, exviceministro del Interior y de Justicia.
Son tres modalidades para manipular los votos:
- Constreñimiento: Es cuando se obliga a una persona a votar por alguien, por medio de la fuerza.
- Corrupción: Puede ser compra de votos, o vender el voto por recibir cualquier favor a cambio.
- Fraude: Es la sustitución del votante, inscribir cédulas falsas o resucitar a los muertos, para que sus cédulas voten.
“Los delitos de constreñimiento y corrupción son los más comunes y lamentablemente son muy difíciles de comprobar, razón por la cual no se han emitido sanciones”, expresó Yan Basset, experto internacional en Política.
Si se comete cualquier delito en las elecciones, existe una sanción con pena privativa de la libertad, que puede ser de cuatro a nueve años.
“Para las elecciones al Congreso, según la Fiscalía, hay alerta por riesgo de fraude en el 70% del país”, contó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Sin embargo, la directora de la MOE mencionó que se tiene un software que mantiene los derechos de propiedad industrial e intelectual y no tiene la posibilidad de ser probado por terceros, así se va a proteger la información.
“El 88 de los municipios de las Circunscripciones Especiales de Paz, de los 167 municipios, tienen algún nivel de riesgo por violencia, esto por el impacto que tuvo el paro armado, esto genero daños en infraestructura y acciones de amedrentamiento”, mencionó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
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