El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, celebró la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que formuló pliego de cargos contra empresas proveedoras de alimentos requeridos por la Secretaría de Educación para refrigerios escolares por violación de las normas de la libre competencia económica.
“La SIC reconoció nuestro logro en el cambio del modelo de contratación que permitió develar cómo por años proveedores corruptos en alianza con políticos realizaban prácticas criminales, perjudicando la alimentación de los niños”, indicó este viernes el Alcalde.
“Proveedores corruptos de la alimentación escolar y sus políticos cómplices que nos presionaron de mil maneras, no pudieron evitar que cambiáramos modelo de contratación y acabáramos con sus porquerías. Ganamos premios internacionales por contratación transparente”, resaltó Peñalosa.
Así mismo, señaló que en esta administración los niños son una prioridad y recordó que su Gobierno redujo la deserción escolar, “pasamos del 3,6% en 2015 al 1.62% en 2017, la más baja en los últimos 20 años”.
El pasado martes, Pablo Felipe Robledo, superintendente, dio a conocer que la práctica anticompetitiva imputada a los contratistas investigados, tenía como finalidad “repartirse, entre ellos, las distintas zonas de la ciudad respecto de la contratación del programa de refrigerios escolares en Bogotá, cuyos beneficiarios son más de 780 mil niños en edad escolar matriculados en el sistema educativo oficial de la Capital de la República”.
El ente investigativo encontró un proceso en el que durante diez años no había competencia por cada una de las zonas objeto de adjudicación con el objeto y/o el efecto de distorsionar o manipular el resultado de los mencionados procesos de contratación pública.
El Grupo Élite de la Superintendencia, encontró conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) y documentos digitales por medio de los cuales coordinaron los acuerdos y las conductas que eliminaron la competencia entre ellos.
La Superindustria ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que proceda a determinar la posible responsabilidad penal por los hechos a que hace alusión esta investigación, en especial, por el delito de prácticas restrictivas de la competencia en procesos de contratación estatal.
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