Fotografía tomada de la Alcaldía de Bogotá.
Los senadores Inti Asprilla y Andrea Padilla, ambos del Partido Verde, citaron a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a un debate de control político en el Congreso de la República para exponer la situación actual del relleno sanitario de Doña Juana así como la afectación a los habitantes que viven cerca del lugar, causada hace 25 años.
¿Qué pasó en Doña Juana hace 25 años?
El sábado 27 de septiembre de 1997, la acumulación de basuras y gases lixiviados removieron la capa de agua que sostenía el relleno, lo que causó que más de un millón de toneladas de basura llegaran hasta el río Tunjuelo.
El evento causó enfermedades respiratorias y dermatológicas en 900 de Usme y Ciudad Bolívar, quienes aseguran no haber recibido la indemnización prometida por un fallo del Consejo de Estado para aliviar los daños.
¿Quién está a cargo del funcionamiento del relleno sanitario?
Ese fue el centro de debate en la Comisión Quinta, pues para la alcaldesa de Bogotá, el Distrito ha venido siendo sometido a “una tortura” por parte del operador, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), quien está a cargo del relleno, por presuntos incumplimientos ambientales.
“Hoy, después de tener más de 13 multas vigentes por incumplimientos de las autoridades ambientales y la Superintendencia, CGR pretende que le paguemos 1,2 billones de pesos como si en efecto hubiese optimizado la planta de tratamiento de lixiviados desde el 2010 hasta la fecha”, dijo la alcaldesa.
Dijo asimismo que la actual administración no pagará un peso a los contratistas que incumplieron con lo convenido.
“Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un solo peso más a un contratista incumplido”, dijo la mandataria.
En el debate de control político, López respondió a los senadores citantes que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, instauró una acción judicial ante la Fiscalía General de la Nación contra Mauricio Bernal Marcucci, en su calidad de representante legal del consorcio y contra todos quienes hayan actuado en representación del consorcio desde el año 2010.
“Es un contratista de mala fe, que dilata, que incumple, que miente”, dijo.
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