EFE/Leonardo Muñoz/Archivo
La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el Congreso de la República de Colombia plantea reformas estructurales en el código penal.
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En este momento, uno de los artículos generó polémica porque habla de legítima defensa privilegiada; hay sectores políticos que aseguran que esta iniciativa restringe algunas libertades ciudadanas.
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En otro de sus artículos, el proyecto establece penas de prisión entre tres y cinco años para quienes resulten culpables de obstruir la función pública mediante actos de violencia, amenazas e intimidaciones.
Sin embargo, desde otros sectores políticos se plantean preocupaciones acerca del alcance de la eventual ley en relación con las libertades de la comunidad. Te invitamos a conectarte con toda la información en Noticias Capital.
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