Así se confirmó esta semana, aunque la decisión fue tomada el pasado 19 de diciembre en una reunión convocada por el Ministerio de Cultura en que se evaluó el informe final del hallazgo del galeón, que se comprobó en 2015.

La decisión la tomó el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) luego de una solicitud hecha por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, e implica que el rescate de los restos de un barco que naufragó, no podrá pagarse con parte de su carga de oro y plata.

“Lo que está en el Galeón San José puede tener gran valor económico, pero antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo”, explicó la vicepresidenta en una declaración desde Cartagena.

En su momento Ramírez, explicó que mediante el sistema de APP que propuso el gobierno Santos, el tratamiento de las piezas y la construcción y operación de un museo se pagarían principalmente con piezas rescatadas del mismo galeón, siempre que no fueren declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación.

Con el cambio de Gobierno, en agosto de 2018, Colombia suspendió la contratación de una empresa para extraer el San José ante el temor a que suponga la pérdida de patrimonio nacional, especialmente por “la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del galeón”.

El Congreso colombiano aprobó una ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto “proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido”.

Este viernes la vicepresidenta entregará más detalles sobre el galeón y el proceso que se adelanta.

Kienyke.com

 

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