Fugas e intentos de fuga, amotinamientos y hasta incendios se han registrado en los últimos dos meses tanto en el Redentor como en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes. Esta problemática es para los expertos, la muestra de que no se está aplicando un modelo de atención diferencial y pedagógico que reoriente a estos jóvenes delincuentes.
Madre de menor aprehendido asegura que en el Cespa hay: "mucho maltrato físico y psicológico con los muchachos de parte de los educadores, no tienen personas profesionales ahí, y maltratan y tratan terrible a los muchachos, por eso ellos se estresan tanto y buscan tanto motín, cómo salirse y cómo volarse".
Estas son la palabras de la mamá de uno de los jóvenes recluidos en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, ubicado en la localidad de Puente Aranda. Denuncia las condiciones precarias y la violencia que se presenta dentro del lugar.
Motines y alteración del orden público se han visto en las últimas semanas en estos dos centros para menores, uno en Puente Aranda y el otro ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.
Hugo Acero, experto en seguridad, afirma que esto sucede porque: "unos ya tienen experiencia delincuencial, se podría decir que ya comienzan una carrera delincuencial con varios delitos que han cometido, otros apenas es su primer delito, entonces esa mezcla es muy perjudicial. Segundo, en estos establecimientos no hay ningún tipo de clasificación que permita dividir de aquellos que apenas están comenzando, que cometieron pequeños delitos con aquellos que ya tienen cierta tradición. Tercero, pareciera que dentro de estos establecimientos ya hay una cultura carcelaria, al igual que las cárceles de los adultos".
Señala que dentro de los establecimientos, hay lideres que controlan de manera violenta, que extorsionan y venden droga.
"Bogotá ha venido haciendo un esfuerzo trabajando con el ICBF, no todos los centros donde hay adolescentes privados de la libertad tienen estos problemas, pero el Redentor que es el lugar donde más se presenta motines y en algunos casos el Cespa", confirma el experto.
Para el experto es importante tener en cuenta la infraestructura como parte fundamental para mitigar esta situación, cumplir con los derechos de los jóvenes que se encuentran dentro del establecimiento junto con la seguridad y tener un manual de disciplina para contrarrestar tanta problemática.
Armando Vergara, veedor de la Policía señala que los jóvenes que se encuentran en el Redentor ya son mayores de edad, que los aprehendieron cuando eran menores.
"Están cuidando personas que tienen de 18 a 25 años, cuando eran menores de edad cometieron el delito, y ahoritica están pagando una condena, pero pues que no podemos poner a personas que no tienen capacitación para cuidar personas privadas de la libertad, mayores de edad", argumentó Vergara.
Según los analistas consultados, a pesar de que la ley colombiana para el tratamiento de menores infractores está en línea con directrices internacionales de respeto de los derechos humanos, el gran problema ha sido su aplicación y el cómo deben ser considerados los adolescentes responsables de crímenes y delitos.
Por: Carolina Beltrán
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