A través de un comunicado de prensa, la Jurisdicción Especial para la Paz dejó notar su preocupación por la decisión que tomó el Gobierno de no darle recursos en el Presupuesto General de la Nación de 2021.
La JEP informó que esta decisión afectará ''los programas de protección a las víctimas, testigos y procesados, de participación, atención y representación judicial a víctimas, y procesos para garantizar una justicia más ágil y digital''.
La suma que el Gobierno decidió no adicionar es de $30.914 millones. Esta suma es indispensable para cumplir con las obligaciones constitucionales de la Jurisdicción.
La JEP especificó en qué se iba a invertir este dinero. $19.623 millones iban a ser destinados para el programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes de la JEP.
Para la representación y atención a víctimas en los procesos judiciales y el de acreditación, se pensaba destinar $4.100 millones, mientras que para el programa de las tecnologías de información se estimaba un presupuesto de $6.300 millones; este programa busca agilizar los procesos y que sea una justicia más ágil y transparente a servicio de las víctimas.
Por último, la Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que este pedido de adición al gobierno se realizó el 13 de julio de este año, y se reiteró el 21 de agosto cuando se radicó el proyecto de Presupuesto Nacional.
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