La Fiscalía General de la Nación tendría pruebas que demostrarían la responsabilidad del comando central del Eln en el secuestro de varios periodistas en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
Una de esas evidencias estaría relacionada con el caso de la periodista Salud Hernández, quien fue secuestrada el 21 de mayo de 2016 en El Tarra (Norte de Santander).
Hernández recorría la zona y realizaba una investigación sobre la erradicación de cultivos ilícitos, y habría sido engañada por dos presuntos integrantes del ELN, quienes se comprometieron con devolver el material que el día anterior, 20 de mayo de 2016, otro grupo de personas le quitó a la comunicadora; pero en realidad se la llevaron hacia la vereda Buenos Aires, donde permaneció secuestrada durante siete días.
También habría pruebas sobre la retención ilegal del periodista Diego Alonso D´Pablos y su camarógrafo, Carlos Alberto Calderón, quienes viajaron al Catatumbo para hacer la cobertura noticiosa sobre el secuestro de la periodista española.
Pablos y Calderón además fueron despojados de sus elementos de trabajo y estuvieron en poder del ELN durante cuatro días.
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Situación similar enfrentó el reportero Diego Fernando Veloza Duque, quien era acompañado por dos locutores locales, William del Carmen Mora Trujillo y Zulay Ropero.
Las tres personas fueron retenidas durante algunas horas por integrantes del ELN, que les impidieron continuar con el cubrimiento informativo del secuestro de la periodista española.
Un año después, el 21 de mayo de 2017, los periodistas holandeses Derk Johannnes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender, fueron secuestrados en zona rural de El Tarra (Norte de Santander).
Los reporteros realizaban un documental y buscaban a los padres biológicos de niños adoptados por parejas holandesas y, en el ejercicio de las labores de reportería, guerrilleros del frente Héctor del ELN los interceptaron, les quitaron el material de sus entrevistas y los trasladaron en medio de amenazas a la vereda Filo Gringo, donde permanecieron en contra de su voluntad durante ocho días.
En el curso de las investigaciones, el fiscal de conocimiento identificó lo que sería una directriz del ELN, relacionada con ejercer presión y coartar la función de informar de los periodistas que cuestionan y, en su concepto, lesionan los intereses de la organización.
El material probatorio que reposa en diferentes expedientes daría cuenta que dicha instrucción sería promovida desde los máximo jefes del ELN hasta los cabecillas regionales.
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