A partir de hoy por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el INPEC deberá suministrar todos los elementos de bioseguridad necesarios a las reclusas y personas que laboran en la Cárcel de mujeres El Buen Pastor, también se practicarán pruebas para COVID-19. Más de 2.000 personas serán beneficiadas con esta medida.
La acción de tutela a la que el Tribunal le dio la razón fue interpuesta por Jhon Fredy Méndez, según el funcionario del INPEC, se están vulnerando los derechos fundamentales a reclusas y trabajadores del Buen Pastor: "esto es un llamado a una alerta temprana, no queremos que nos pase lo que está ocurriendo en estos momentos en la cárcel de Villavicencio".
La autoridad judicial ordenó al INPEC y a la arl Positiva entregar en un término máximo de 48 horas elementos de bioseguridad a todo el personal del centro penitenciario.
"Para que nos sean suministrados los tapabocas, guantes, gel antibacterial, alcohol antiséptico y todo lo que se necesita para la protección de la COVID-19", aseguró Méndez.
Según denuncias de distintas organizaciones de derechos humanos, los familiares de las reclusas han tenido que rebuscarse dinero para apoyarlas desde afuera.
"Hay más de 2.000 mujeres privadas de la liebertad viviendo en condiciones infrahumanas, madres gestantes, lactantes y con menores de 3 años, mujeres con enfermedades catastróficas a las cuales no se les han practicado las pruebas de la COVID-19 y además, no cuentan con los elementos de bioseguridad", manifestó Esmeralda Echeverry, directora general Movimiento Cárceles al desnudo.
Defendores de derechos humanos y trabajadores de distintos sindicatos del INPEC esperan que este fallo sirva como base para que se garanticen los derechos de toda la población carcelaria del país.
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