De acuerdo con un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, se advierte que, a partir del próximo 31 de julio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC no entregará más alimentación a estas personas.
El Defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís señaló que “esta es una situación compleja que urge ser atendida, no solo porque la falta de alimentos podría generar una grave vulneración a los derechos humanos, también porque existe un alto riesgo de que sea afectado el orden público a causa de una posible parálisis alimentaria”.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, la USPEC expresó su intención de finalizar la provisión de alimentos en los Centros de Detención Temporal del país a individuos bajo investigación.
Según la ley, quienes deben suministrar esa alimentación a los retenidos en esos lugares son los departamentos y alcaldías del país. El informe revela también un hacinamiento del 124 %. Hay más de 22.600 personas retenidas, de las cuales más del 65 % recibe alimentación por parte del Uspec. Del total de esa cifra, la Policía ha indicado que 1.534 están condenadas y 21.125 están imputadas por la presunta comisión de algún delito.
La Defensoría del Pueblo les solicitó a las alcaldías y gobernaciones que tomen medidas para asegurar que las personas bajo custodia en los Centros de Detención Transitoria tengan acceso a comida de calidad. También solicitan a la USPEC que coordine con las entidades locales la provisión de este servicio para evitar que se produzca un impacto negativo generalizado.
Por: Mauricio Pichot
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