En tres años de gestión de la Alcaldía Peñalosa, la Secretaría Jurídica ha recibido más de 69.000 acciones judiciales, entre ellas tutelas, denuncias, acciones penales y hasta derechos de petición.

Estos procesos tienen en vilo proyectos estratégicos que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como la construcción de la primera línea del Metro, sus troncales alimentadoras, la troncal de la carrera Séptima, el proyecto ecológico regional Parque San Rafael, entre otros.

De los 69.000 procesos que han llegado a la Secretaría Jurídica, se les ha dado prioridad a 44 que han sido interpuestos para frenar las megaobras. De estos 44, 17 ya culminaron, es decir, 14 han salido a favor de la Alcaldía, tres se han perdido y 27 siguen activos.

"Tenemos el 89 %, es decir, son mucho más las denuncias y las demandas que ganamos frente a las que perdemos en Bogotá. Con corte a hoy son más de 3 billones de pesos lo que le hemos ahorrado al Distrito", aseguró Dalila Hernández, secretaria Jurídica de Bogotá.

Pero a pesar de este esfuerzo por ganar cada proceso adelantado, en las últimas semanas la Secretaría Jurídica ha recibido más acciones penales que frenan los proyectos más importantes de la Alcaldía Peñalosa.

"Algo que vemos de manera muy continua desde 2016, en donde se han atacado no solamente artículos del plan de desarrollo, sino proyectos que de allí se derivan, el Metro, la autorización de la empresa ETB, toda la reorganización del sector salud, en general cada uno de los temas, cuando uno analiza, pues los puntos más importantes han sido demandados", agregó Hernández.

Según la secretaría Jurídica en cada proyecto se invierte más de un año para poder abrir licitación.

"Mucho tiempo el que lleva por parte de la administración, la planeación, estructuración financiera, jurídica, técnica, para adelantar cada uno de los proyectos. Luego, aquí ya hemos invertido muchos recursos públicos que iban destinados o que van destinados a poder adelantar estos proyectos tan importantes para toda la ciudad", añadió la funcionaria.

Por otra parte, Hernández espera que los jueces fallen a favor de cada proyecto:

"Yo creo que vale la pena desde el punto de vista de ciudad, sino también desde el punto de vista académico, mirar qué está pasando con esta clase de acciones, si efectivamente hay por parte de los ciudadanos una extralimitación en el uso o en el manejo de ellos, si realmente están cumpliendo con la función de proteger los derechos fundamentales de los individuos o de los colectivos", puntualizó.

La Secretaría Jurídica aseguró que cuando se suspende una obra pública se ponen en riesgo los recursos, hay afectaciones a terceros, que seguramente van a generar demandas hacia el futuro en contra del Distrito.

Por su parte, varios concejales de Bogotá rechazaron las acciones jurídicas recurrentes en contra de los megaproyectos bandera de la Alcaldía. Algunos cabildantes afirmaron que estos procesos ocasionarán nuevamente que la ciudad no avance y, por el contrario, retroceda varios años:

Por: Jessica Cedeño

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