Colombia cuenta con más de 5,3 millones de campesinas, indígenas, gitanas y mulatas que viven en zonas rurales y podrían catapultar la producción agrícola. Sin embargo enfrentan grandes dificultades para desarrollar sus capacidades.
Información recogida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestra que las mujeres rurales ganan en promedio un 25% menos que sus pares hombres, dedican el doble del tiempo al hogar y tienen menos acceso a educación formal.
A la luz del subdesarrollo en el que está sumido el campo colombiano, cada vez más expertos señalan a las mujeres como las poseedoras de la clave para desarrollar esa riqueza.
Estos 5,3 millones de mujeres viven en los sectores rurales no solo representan el 47% de la población rural, también el 12,5% de las jefaturas de las familias campesinas. Según informe del Ministerio de Agricultura.
Estas cifras ayudan a vislumbrar la importancia de ofrecerles a las mujeres del sector mejores oportunidades de educación, representación política, seguridad e independencia económica, entre otros derechos básicos.
El reto de educar para el campo
Francisca Sánchez Gómez vive en el municipio de San Carlos (Córdoba), donde tiene tres hectáreas de tierra con gallinas, pollos, y una vaca. Las mujeres de la zona la eligieron para que las represente ante la Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias de Córdoba.
Sánchez Gómez explica que los sistemas de educación rural tienen dos falencias importantes: No han sabido cómo abarcar la población rural, que está dispersa en diversas fincas; y, además: “tenemos que crear estrategias de aprendizaje que entusiasmen a las mujeres, que las enamoren de la educación llevándola a su vida cotidiana”.
Ella reconoce que la falta de conocimiento las hace más dependientes económica y socialmente. También les quita oportunidades de aprendizaje técnico y representación política.
“Una mujer que no puede leer ni escribir no puede desarrollar estudios técnicos que la ayuden a mejorar su producción agrícola. A medida que va pasando el tiempo se van creando nuevas innovaciones y debemos saber, por ejemplo, cómo hacer un compost con hojas secas y ramas viejas como abono para los cultivos. Aprender a leer es la puerta para ese conocimiento”, concluye.
La historia que narra Francisca también se puede explicar en cifras. Un año adicional de escolarización primaria incrementa las posibilidades de ingreso en un hogar de entre un 10% y 20%, según un estudio realizado por la antropóloga cultural Cecilia Sardenberg en Brasil y tomado como ejemplo para Colombia. Un año de estudios de secundaria, aumenta la posibilidad en un 25%.
Otros dan estimaciones más contundentes: se pierden USD 90.000 millones cada año por no educar a las mujeres al mismo nivel que a los hombres.
En Colombia todavía hay unas 2.7 millones de personas analfabetas. Según el Ministerio de Educación Nacional, las mujeres de las zonas rurales y azotadas por la violencia, son las más alejadas para acceder a la educación formal.
Propiedad de la tierra
Olga Amparo Sánchez lleva años liderando la Casa de la Mujer, una organización que defiende los derechos femeninos. Este año es una de las organizadoras del paro femenino al que se unieron organizaciones colombianas, así como de otros países, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La protesta busca llamar la atención sobre la importancia de la mujer en el ámbito laboral y las desigualdades a las que se enfrenta diariamente a través de un cese de actividades por dos horas.
Sánchez explica que a veces las mujeres no tienen acceso a tierra donde cultivar y eso las perjudica. “Muchas veces no hay un título de propiedad a nombre de las mujeres y lo deben compartir con las otras compañeras permanentes del papá de sus hijos o familiares que no han trabajado la tierra”.
Fruto de esa carencia de titulación de la propiedad, explica, las entidades financieras no les dan facilidades de crédito. También, reconoce Sánchez, el Gobierno se queda corto en los proyectos de asistencia técnica y comercialización de sus productos para que puedan tener mejor rentabilidad.
“Muchas veces las ONG o entidades del Estado las ubican en la producción de pancoger (productos agrícolas para el sustento diario) u otras áreas que no son rentables y no pueden acumular capital y ahorrar”, añade.
Sánchez concluye diciendo que la seguridad alimentaria, una lucha permanente del género, no es una realidad para las mujeres campesinas y mucho menos para las mujeres de comunidades indígenas.
El sueño de vivir sin violencia
Vivir en un ambiente libre de violencia sexual e intrafamiliar es otro de los sueños de miles de colombianas. Sin embargo, muchas ven que los lugares donde deberían sentirse protegidas son donde más agresiones encuentran.
En 2017 se registraron 23.418 casos de violencia sexual, el 86% de ellos fueron contra mujeres y niñas. Gran parte de ellos ocurrieron en sus espacios donde deberían estar supuestamente a salvo, tanto sus hogares como colegios.
“Las mujeres rurales enfrentamos desde siempre el machismo. El varón todavía se cree propietario del cuerpo y la vida de la mujer”, narra doña Francisca Sánchez, y agrega que, “vemos que los Acuerdos Internacionales sobre los derechos de la mujer se están convirtiendo lentamente en políticas públicas, pero muchas veces no se practican y no se dan a conocer”.
Un mayor acceso a la justicia, una salud sexual y reproductiva de calidad, enfocada en las necesidades específicas que tienen las mujeres en sus diversas etapas de la vida, son otros de los retos a futuro.
“Todo eso está en el papel, está la ley. Pero no se hace realidad. Si lo que está en la ley se cumpliera siquiera en un 30% ya estaríamos en mejores condiciones”, concluye Francisca quien, en medio de sus quehaceres domésticos y el cuidado de sus hijos, vela por que otras mujeres tengan cada vez más oportunidades, reconozcan sus derechos y sepan como rechazar abusos y agresiones.
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