La noche del 28 de junio de 1969 en Nueva York, la Policía irrumpió en el Stonewall Inn, un bar LGBT, arrestando a las personas que se encontraban allí y obligándolos a entrar a diferentes patrullas policiales.
Al ver lo sucedido, un grupo de personas empezaron a luchar contra la policía y a motivar a los demás a defenderse de lo que estaba ocurriendo. Así empezó una lucha entre civiles y agentes de la policía que terminó por sacar a estos últimos del lugar. Los enfrentamientos duraron varios días.
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Este evento se conoció oficialmente como la Marcha del Día de la Liberación de Christopher Street (la calle en la que está ubicado el Stonewall Inn).
Lo que pasó en Stonewall marcó uno de los eventos más importantes que condujo al resto del mundo a seguir esta misma lucha, que tomó la forma de la Marcha del orgullo LGBTIQ+ y que se lleva a cabo año tras año en diferentes países.
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Así nació la marcha en Bogotá:
La primera Marcha del orgullo LGBTIQ+ de Bogotá se llevó a cabo el 28 de junio de 1983 y fue liderada por los activistas Manuel Velandia y León Zuleta con un número reducido de participantes.
“Llevamos 40 años en las calles, marchando por los derechos de los sectores sociales LGBTIQ+ en Colombia, siendo una de las primeras marchas en América Latina”, afirmó Cristina Rojas Tello, profesional de Diversidad Sexual del Distrito.
Según Velandia, entre 2003 y 2008 la marcha se denominó “Marcha de la Ciudadanía Plena LGBT” y en 2009 y 2010 “Marchas de las Ciudadanías Diversas”. En 2019 la marcha del orgullo de Bogotá, que se desplazó por la carrera 7 desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, reunió a aproximadamente 90.000 personas.
En la pandemia de COVID-19, la marcha del orgullo LGBTIQ+ de Bogotá fue suspendida y reemplazada por un evento virtual realizado el 28 de junio. Al año siguiente la marcha presencial se reanudó el 4 de julio.
Este año se realiza bajo el marco de la lucha por la “Ley Integral Trans-Ya” y tendrá lugar este próximo domingo 2 de julio.
Derechos que siguen siendo vulnerados
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Según el Director de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros del Distrito, David Alonzo, se realizó un estudio en 2022 junto con Fundación Corona, cuyo objetivo fue identificar las barreras enfrentadas por los sectores sociales LGBTI en sus trayectorias laborales (desde la educación hasta el empleo) con el fin de brindar insumos para la promoción de transformaciones normativas, sociales, políticas y culturales que garanticen derechos desde el fomento de la inclusión laboral.
Según esta investigación, las personas de los sectores sociales LGBT reportaron, en su mayoría, recibir un salario mensual que oscilaba entre $908.000 y $2.000.000. Este fue el caso que se reportó en mayor medida entre la muestra. El asunto es aún más crítico para las personas trans: el ingreso más común que reportaron oscila entre $150.000 y $500.000 al mes. Esto indica las brechas que existen entre las personas trans y los otros sectores sociales dentro del escenario laboral.
También se evidencia una brecha educativa que genera dificultades para entrar en el mercado laboral. Sin desagregar por sector social, es claro que hay un obstáculo en el acceso a educación superior que facilita la colocación laboral: el 19 % de la muestra reportó no haber terminado el bachillerato. Para el caso de las personas trans, esta cifra representa el 32 % de las personas encuestadas. El nivel más alto de educación es bajo en términos generales: sólo el 26 % de las personas trans encuestadas accedieron a educación postmedia, mientras que el 46 % de las personas de los otros sectores sociales llegó hasta estas instancias. Esto implica que estos sectores tienen grandes dificultades para acceder al ámbito laboral, especialmente las personas trans.
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En cuanto a su educación, la misma investigación del Distrito afirma que las personas de los sectores LGBTIQ+ se enfrentan a cuatro barreras principales, según el estudio. Estas dificultan el acceso al mercado laboral formal y a la estabilidad económica, lo que da cuenta de la representación de los sectores sociales en el ámbito laboral y a lo que se enfrentan para acceder de manera oficial. Las barreras son:
- Barreras transversales: aquellas que hacen referencia a la ausencia de apoyo familiar, actitudes de discriminación arraigadas a nivel social e institucional y el acceso a documentos.
- Barreras de educación: se identificó una deficiencia en competencias duras y habilidades socioemocionales, carencia de recursos económicos para la educación por falta de apoyo familiar, violencias escolares e invisibilidad del enfoque de género y diversidad sexual en el aula.
- Barreras de intermediación: hace referencia a la intermediación institucional como lo es el acompañamiento para la colocación laboral y barreras administrativas en el proceso de contratación.
- Barreras de empleo: dificultad para acceder al empleo formal, contratos laborales precarios e informales, trayectorias laborales discontinuas, falta de adaptación del ambiente laboral a la diversidad, reglas inflexibles sobre la apariencia física y explotación laboral de personas trans.
“Sigue habiendo mitos que generan discriminacion y violencia, y existe diversidad incluso en las mismas personas de los sectores sociales LGBTIQ+. Por eso sigue siendo tan necesario que salgamos a marchar”, afirmó Andrés De la Cuadra, director de comunicaciones de la fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans).
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¿Qué se hace en el país para mejorar los derechos de estas personas?
Según David Alonzo, respecto a las acciones en materia de incidencia jurídica en el país cada vez se tiene más en cuenta el bloque de constitucionalidad y no solamente los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Los informes de región y las recomendaciones en general se han incluido en los estándares internacionales. La Corte Constitucional ha sido la institución que realmente ha buscado generar avances sobre derechos para las personas de los sectores sociales LGBTIQ+ en temas en los que el legislativo se ha inhibido.
El matrimonio igualitario, la posibilidad de acceder a pensión de sobrevivientes para parejas homosexuales, la adopción por parejas del mismo sexo y la posibilidad de incluir la variable de género “no binario” en los documentos de identificación son ejemplo de ello.
“Las leyes son la única forma de garantizar que nuestros derechos se cumplan frente a Gobiernos que quieran vulnerarlos”, afirma Iván Escobar, Consejero Consultivo por hombres gay.
En cuanto a las acciones de tutela, según Alonzo, estas se han convertido en verdaderas acciones de garantía de servicios de salud que por otra vía sería imposible garantizar. “Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas para adecuar los cuerpos de las personas trans a su identidad de género dejaron de entenderse como intervenciones estéticas para ser vistas como lo que son: intervenciones funcionales”, afirma. Las OSIG diversas siempre se entendieron como problemas de los que se debe hablar en la mayoría de edad, gracias a las sentencias de la Corte Constitucional, a otras Cortes y a algunos jueces entendimos que es un tema que se tiene que observar desde la infancia.
Finalmente, otro elemento que resulta fundamental es la cultura de las y los colombianos. “Todo el arte drag, las batucadas lesbianas y el activismo que es muy propio de los sectores LGBTIQ+ y se convierten en patrimonio para hacer valer nuestros derechos”, afirma Escobar.
Este domingo 2 de julio, podrás conectarte a las pantallas de Capital con la transmisión de la Marcha del orgullo LGBTIQ+. Acompáñanos en este recorrido desde las 4:00 p.m. por nuestro canal de YouTube, Facebook Live y únete a la conversación con el numeral: #EnCapitalSePuedeSer.
Por: Redacción Capital Ahora
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