En febrero del 2011, el Gobierno de Samuel Moreno firmó contratos de concesión a 25 años, con diferentes operadores para organizar el transporte en 13 zonas de la ciudad. Tras su destitución, la alcaldesa Clara López se encargó de toda la etapa previa y dio un plazo de nueve meses para que los consorcios prepararan el inicio de la operación.
Ya en el 2012, el exalcalde Gustavo Petro fue el responsable de implementar el esperado sistema integrado de transporte público. Sin embargo, dos de los nueves empresas, Coobus y Egobus, que tenían que prestar el servicio en Perdomo, Suba y Fontibón, nunca iniciaron con la operación por problemas financieros, por lo que Petro tuvo que crear el modelo del Sitp Provisional, que consistía en utilizar los buses del transporte público colectivo durante un periodo que, en su momento, se llamó de transición.
No obstante, este proceso se extendió hasta la Alcaldía Peñalosa, administración que tuvo que ajustar la tarifa para evitar un déficit mayor, declarar el incumplimiento de los contratos de Coobus y Egobus, iniciar un proceso de pago a los pequeños propietarios e implementar mesas de negociación con los operadores que aún prestan el servicio, pero que anualmente registran pérdidas millonarias.
Las conversaciones iniciaron en noviembre del 2018, se realizaron ocho mesas de trabajo que involucraron entes de control como la Veeduría y la Procuraduría, y hoy, seis meses después, se llega a un acuerdo que apuntaría a ser el salvavidas del Sitp Zonal.
Por: Ángel Aguilar
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