Imagen de referencia tomada de: Ministerio de Transporte.
La Superintendencia de Transporte solicitó a alcaldes de 18 ciudades capitales y 13 municipios investigar y sancionar a conductores que presten servicio de transporte público ilegal, las multas pueden oscilar hasta 700 salarios mínimos.
El llamado también se hizo para Bogotá, solicitando que se atendiera la postura de los entes de transporte sobre las acciones que se deben imponer a conductores que usen sus vehículos particulares para prestar un servicio público ilegal.
Camilo Pabón Almanza, superintendente de Transporte, señaló, “se solicitó iniciar las acciones judiciales y administrativas que sean procedentes contra los sujetos que presten el servicio sin cumplir con la normatividad y también, contra quienes faciliten estas operaciones ilegales en su jurisdicción”.
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El ente de control recordó a los alcaldes que deben acatar de manera inmediata las acciones solicitadas por el Gobierno, de lo contrario se iniciará un proceso judicial.
Las sanciones impuestas por esta acción ilegal pueden llegar a equivaler hasta 700 salarios mínimos.
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