Fueron cerca de 200 personas las que se reunieron en el salón de convenciones del hotel Los Corrales en Tumaco, Nariño, en una tarde húmeda del 2 de mayo del año que corre. Hubo líderes sociales, indígenas, miembros de las comunidades afrodescendientes, docentes, madres y niños, apostados por más de siete horas en sillas blancas, escuchando lo que tenían por decir los representantes del Estado colombiano acerca de la crisis social que sufre Tumaco, el principal municipio de la zona del pacífico nariñense.
A un año y medio de firmado el proceso de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, la radiografía que hicieron los diferentes dirigentes que se dieron cita en la mesa de trabajo convocada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, fue más que desalentadora.
En el evento se hizo hincapié en la exacerbación de la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, el narcotráfico, los abusos sexuales contra menores y uno de los males que no se habían identificado en la espiral de violencia en Tumaco: las 'casas de pique', lugares de tortura donde las personas son desmembradas y en las que, según Amanda Hurtado, miembro de la Procuraduría en Asuntos Étnicos, están participando niños.
Hurtado subrayó que el papel de los menores de edad en este fenómeno consiste en recoger las partes de los cuerpos de las víctimas.
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“Se ha reportado a la Procuraduría que los niños más pequeños de hasta 6 años, deben recuperar trozos menores de los cuerpos descuartizados que pueden haber caído en lugares de difícil acceso para un adulto. Los de hasta 10 años son obligados a sacar bolsas de basura, seguramente, con restos humanos”, explicó Hurtado.
De acuerdo con la Procuraduría, el uso de esta perversa práctica -que se hizo conocida en Buenaventura (Valle del Cauca)- se enquistó en Tumaco gracias a las bandas criminales y a las disidencias de las Farc que delinquen en esta región del país.
El ente de control autónomo remarcó que existen siete zonas, compuestas por numerosos barrios, en donde posiblemente están ubicadas las 'casas de pique'.
Por otra parte, Amanda Hurtado manifestó que la participación de menores de edad en grupos ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc está reconfigurando la realidad de los barrios de Tumaco. “La vinculación de niños como campaneros y de jóvenes como parte de las bandas ha roto la tradición de la confianza entre familias y ha establecido las fronteras invisibles que impiden que el trabajo de liderazgo social sea continuo en el territorio”, añadió Hurtado.
Esta atomización urbana del territorio desintegró el accionar de los defensores de derechos humanos y los ha puesto en mayor riesgo, generando gradualmente una disminución en la resiliencia colectiva tumaqueña.
En ese sentido, el representante de la Asociación de Consejos Comunitarios de Nariño, José Obregón, le dijo a la Agencia Anadolu que el aumento en los índices de violencia y la desesperanza en Tumaco es consecuencia del incumplimiento en la implementación del proceso de paz en el pacífico nariñense.
“La apatía del Estado y el olvido para con los ciudadanos de Tumaco ha disminuido la capacidad de aguante de nuestro pueblo. También venimos alegando, desde hace varios meses, que la situación de los líderes está pesada en diferentes barrios de Tumaco y municipios de Nariño, todo debido a la creación de grupos armados en la zona. Cuando estaban las Farc se podía hablar con un grupo, pero ahora, con la presencia de tres, cuatro o cinco, es complicado y por lo tanto corremos más peligro”, aseguró Obregón.
En medio de ese panorama, el líder social señaló que Tumaco no solo necesita de una fuerte militarización, sino que además requiere de inversión social estatal que le de una oportunidad a los cerca de 100.000 jóvenes que viven en el rebusque y que fácilmente encuentran en la delincuencia una vía de escape y sustento económico.
Obregón, quien está amenazado por todos los grupos armados al margen de la ley presentes en Tumaco y en los municipios aledaños, exhortó al Estado para que mejore los protocolos de protección de los lideres sociales.
“En muchas ocasiones, los escoltas que nos protegen manifiestan que no nos pueden acompañar porque no les han autorizado viáticos. Solo les permiten estar con nosotros en la cabecera urbana de Tumaco, de aquí no se mueven y cuando tenemos que ir por el río o transitar en otros municipios, estamos solos”, reveló Obregón.
Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que la próxima semana se pondrá en marcha en Nariño el primer plan para la protección colectiva de las comunidades, diseñado bajo el criterio de cada región del país.
Pero a pesar de los esfuerzos gubernamentales, se le debe sumar una nueva práctica infame a la violencia endémica que hay en Tumaco: el sometimiento sexual de menores de edad.
Amanda Hurtado indicó que los habitantes del municipio costero saben de las vejaciones sexuales contra niñas entre 10 y 14 años, las personas en situación de discapacidad y la población LGTBI.
Hurtado explicó que “el posible subregistro de abusos sexuales se debe a dos causas principales: el miedo a denunciar por posibles retaliaciones y la desidia de los funcionarios, quienes desestiman las acusaciones porque entienden que la apariencia provocativa o muy desarrollada de las niñas trae consigo madurez y capacidad de decidir sobre su sexualidad. Las búsquedas rara vez se adelantan y entonces las niñas vuelven a casa destrozadas física y emocionalmente después de varios días de abusos”.
“La recuperación del control estatal y la reinstalación de la convivencia pacífica no puede tardar en Tumaco, sin embargo, las organizaciones han solicitado a la Procuraduría vigilancia para que la intervención del Estado no vulnere los derechos de los ciudadanos, líderes y autoridades étnicas”, concluyó Hurtado.
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