Foto tomada de Youtube de Canal Capital.

Una sentencia del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que se investigue a Álvaro Uribe, actual senador del Centro Democrático, y  a seis exmilitares, por las masacres del Aro y La Granja y por el crimen del líder social, Jesús María Valle, que sucedieron cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

“Existen suficientes elementos de juicio conforme a lo expresado en esa decisión, que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces Álvaro Uribe Vélez”, dice la sentencia.

Así mismo el Tribunal confirmó la sentencia de 30 años de prisión contra los hermanos, Jaime y Francisco Angulo Osorio por los mismos hechos y agregó que cuando ejercía ese cargo, Uribe recibió denuncias sobre el aumento de grupos paramilitares en la zona de El Aro.

“El solo hecho de que las Fuerzas Militares permitieran su funcionamiento (de los paramilitares), de no combatirlos, como era su deber legal y constitucional, es indicador de su compromiso con esas organizaciones ilegales, y por supuesto de los actos y conductas punibles cometidas, igual ocurre con la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas, es decir ayudaron con sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que investigar y juzgar”, agrega el documento.

Cabe recordar que en la masacre de ‘El Aro’, ocurrida en 1997, fueron asesinadas 15 personas y en la de ‘La Granja’, en 1996, murieron cinco personas acusados de auxiliar a la guerrilla.

Por otro lado, el defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, fue acribillado en el centro de Medellín luego de haber denunciado la presunta colaboración de militares es estas masacres.

 

Uribe se defiende

A través de su cuenta de Twitter el senador rechazó la decisión del Tribunal Superior de Medellín, asegurando que se trata de “una presión en su contra”.

“(…) nada creíble hay que me comprometa: se les olvida que soy un combatiente de las ideas pero no un delincuente”, escribió el expresidente.