Las Farc reconocieron el viernes un patrimonio de unos 324,4 millones de dólares, además de miles de gramos de oro, que deben ser destinados a indemnizar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, al tiempo que rechazaron acusaciones del Gobierno de haber ocultado parte de sus bienes.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que entregaron sus armas, se desmovilizaron y avanzan en la conformación de un partido político, revelaron un resumen de sus activos valorados un día después de que altos funcionarios del Gobierno cuestionaron al grupo por incluir en el inventario utensilios de cocina como exprimidores.

“No es extraño en absoluto a un inventario el registro de utensilios o existencias. Por ello no procede, si se es riguroso, ridiculizar la presencia de determinado tipo de bienes y más aún magnificarla de manera malintencionada”, dijo a periodistas el dirigente de las Farc Pastor Alape.

El inventario de las Farc incluyó 241.560 hectáreas de tierra, 20.724 cabezas de ganado, el armamento que entregaron a las Naciones Unidas, dinero en efectivo, 327.520 gramos de oro, vehículos, 3.753 kilómetros de carreteras en selvas y montañas, además de equipos y enseres por más de siete millones de dólares.

“No se debe confundir el inventario con el fondo autónomo que habrá de constituirse. Entregado el inventario, se inicia el complejo proceso de incorporación de los diferentes bienes y activos. Será necesario hacer un ejercicio técnico de depuración que seguramente tendrá como consecuencia el descargue de diferente bienes que conforman el inventario”, explicó Alape.

Las Farc, que firmaron en 2016 un acuerdo con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para acabar un conflicto de 53 años que ha dejado 220.000 muertos, entregaron este mes a Naciones Unidas una lista de sus bienes para que hagan parte de un fondo destinado a indemnizar a las víctimas de la confrontación.

Fuentes de seguridad y del Gobierno aseguran que las Farc acumularon una enorme fortuna durante el conflicto producto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, incluyendo efectivo, tierras, ganado, bienes inmuebles de lujo y empresas en Colombia y en otros países.

Pero el antiguo grupo rebelde, que desmovilizó más de 7.000 combatientes, negó tener recursos ocultos y admitió que de hacerlo sus dirigentes deberán enfrentar juicios y sanciones ante la justicia ordinaria.