La alcaldesa Claudia López aprobó un acuerdo de políticas públicas para los vendedores informales que garantizará el derecho al trabajo y abrirá la puerta a programas sociales de vivienda, salud, educación, dotaciones y educación financiera, entre otros beneficios.
El acuerdo 812 busca que los vendedores informales se identifiquen con un carné, a través del registro individual de vendedores informales (Rivi), de esta manera se incluyen de forma productiva en el espacio público.
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Esta situación les dará beneficios económicos, productivos, la posibilidad de acceso a programas sociales y de vivienda y a otros espacios laborales, al tiempo que acceden a educación, formación para el trabajo y la oportunidad de adquirir competencias tic para ellos y su familia.
Con el control y aprovechamiento del espacio público se garantizará el derecho al trabajo informal, que incluirá a la población migrante, mujeres lactantes y gestantes del gremio, y esquemas de protección para la vejez.
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El acuerdo permite proteger, reglamentar y controlar el aprovechamiento del espacio público, mientras se les garantiza el derecho al trabajo y le dará a las alcaldías locales 6 meses para carnetizar a los comerciantes que se encuentran en el espacio público quienes deben asistir para que los incluyan en el registro.
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