La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre propiedades avaluadas en más de $14.000.000.000. Las diligencias se cumplieron en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolívar), Carmen de Apicalá (Tolima), y Madrid, Chía y Ricaurte (Cundinamarca).
Casas lujosas en el norte y occidente de Bogotá, fincas de descanso en municipios de Tolima y Cundinamarca, apartamentos en Cartagena, vehículos de gama alta y sociedades en el San Andresito de San José en Bogotá, hacen parte de los bienes que habrían adquirido los presuntos cabecillas de una estructura señalada de defraudar al Estado mediante diversas maniobras comerciales que facilitaron el ingreso de contrabando al país.
Las investigaciones realizadas por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera evidenciaron que las propiedades fueron compradas entre 2011 y 2016, los mismos años en los que la organización criminal obtuvo millonarias sumas de dinero con su actuar ilegal.
En una operación simultanea realizada en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolívar), Carmen de Apicalá (Tolima), y Madrid, Chía y Ricaurte (Cundinamarca), fueron ocupados 62 bienes que figuraban a nombre de los señalados jefes de la red de contrabando y algunos de sus familiares, y cuyo valor comercial superaría los $14.000.000.000.
De igual manera fueron impuestas medidas de suspensión del poder dispositivo sobre 15.000 acciones del Club Independiente Santa Fe, las cuales pertenecían a Álvaro Tello Rondón, exintegrante de la junta directiva del equipo de fútbol, capturado el 4 de mayo de 2017.
En su momento, Tello Rondón aceptó cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contrabando en concurso homogéneo y concierto para delinquir con fines de contrabando, y sería uno de los cabecillas de la estructura junto a Luis Jahuer Puentes Méndez (capturado) y Óscar Orlando Puentes Corredor (condenado a 13 años de cárcel).
Las propiedades representadas en 32 bienes inmuebles, 7 Sociedades, 3 establecimientos de comercio, 18 vehículos y 1 cupo para taxi, al igual que las 15.000 acciones, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio.
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