11 propiedades avaluadas en aproximadamente $20.000’000.000 fueron afectadas con la decisión. Sobresale una casa lujosa en el norte de Bogotá y apartamentos que los administradores del denominado Fondo Premium de Interbolsa habrían ocultado a través de sociedades y terceras personas.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por el descalabro del Fondo Premium de Interbolsa, permitieron detectar bienes que pertenecerían a dos de los gestores y beneficiarios del esquema fraudulento.
El rastreo financiero realizado por la Fiscalía puso en evidencia 10 inmuebles que los señores Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo, administradores del fondo, intentaron mantener ocultos en Colombia. Algunas propiedades fueron cedidas a terceros y otras hacían parte de sociedades que les permitían a estas dos personas hacer uso de ellas y disfrutarlas así no estuvieran a su nombre.
En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a los bienes identificados, los cuales fueron ocupados en diligencias cumplidas en Bogotá, Medellín (Antioquia) y en los municipios de Tenjo (Cundinamarca) y Cumaral (Meta).
Los bienes afectados
Entre los predios que podrían superar en avalúo los $20.000’000.000, y que quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se encuentran:
En la ciudad de Bogotá: una casa lujosa en el sector de El Chicó, dos apartamentos en el exclusivo conjunto residencial Torres de Llorente, y otro apartamento ubicado en la calle 92 con carrera 4.
En la ciudad de Medellín: oficinas y parqueaderos en el sector de El Poblado.
El en el municipio de Tenjo (Cundinamarca): una finca cuya propiedad fue afectada en un 50%.
En el municipio de Cumaral (Meta), una finca de 103 hectáreas cuya propiedad fue afectada en el 27%.
Finalmente, se ha registrado en la Dirección General Marítima (Dimar) y las capitanías de puerto de Colombia la medida cautelar respecto de la lancha Gaia, cuyo propietario real sería el señor Tomás Jaramillo Botero.
Los señores Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo ya habían aceptado su responsabilidad por los delitos de manipulación fraudulenta, estafa agravada y concierto para delinquir, y fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión. Actualmente, continúa el proceso por captación masiva y habitual de dineros.
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