La Procuraduría General de la Nación llamó la atención a Fiduagraria, el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura, entidades que, según el Ministerio Público, han incumplido los fallos de jueces de restitución de tierras, que en 19.455 casos han ordenado proteger con ese beneficio a familias de campesinos víctimas de despojo de tierras.
La Procuraduría hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las familias campesinas tengan garantías para retornar y permanecer en los territorios de los que fueron desplazados, además de exigir que se ejecuten los subsidios para la vivienda rural.
Para organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos, dicho rezago ha negado la posibilidad de que en plena cuarentena campesinos que viven en Bogotá y en otras ciudades retornen a sus viviendas ubicadas en el campo, vulnerando su derecho a la seguridad alimentaria.
Desde las Organizaciones Indígenas señalan que el Gobierno Nacional responsabiliza al Gobierno Distrital de la situación humanitaria de los pueblos ancestrales, sin darle cumplimiento a las medidas emitidas por jueces que les permitiría retornar a sus parcelas.
La Procuraduría le pidió al congreso la prórroga de la ley 1448 de 2011, que estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
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