En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro habló de lo que sería la reforma pensional en Colombia. Expertos analizan los alcances de la propuesta.
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En el país existen dos sistemas pensionales, uno público que es administrado por Colpensiones, y otro de ahorro individual, a cargo de fondos privados, además de algunos regímenes especiales vigentes.
¿Qué se busca con la reforma?
“Un sistema de pilares en el que se busca que los regímenes no compitan, sino que se complementen, aumentando, a partir de la mejora de recursos del sistema público, la cobertura, la rentas universales y los sistemas asistenciales de atención de los adultos mayores que no logran prestaciones en los regímenes contributivo pensionales”, comentó Iván Daniel Jaramillo, abogado del observatorio de la Universidad del Rosario.
A esto, Héctor Cadena, expresidente del Seguro Social, agregó que:
“Desde 2004 se agotaron las reservas y, la financiación de los pensionados actuales está a cargo, en un alto porcentaje, del presupuesto general de la nación”.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, es preferible que se usen las cotizaciones de los trabajadores para pagar pensiones, y no para negocios privados.
“La mejor reforma pensional es un proceso de formalización laboral progresiva que mejore la sostenibilidad financiera, los criterios de equidad en el sistema y el reparto de recursos para la atención de riesgos socialmente relevantes”, sostuvo Iván Daniel Jaramillo.
Se buscaría que todos los empleados contribuyan a un mismo sistema y el dinero se distribuya a Colpensiones, en un monto equivalente a cuatro salarios mínimos y, más allá de esos valores, a los fondos privados.
“El país ya vivió esa experiencia en 1985 y debería reasignarse de esas rentas para financiar las pensiones actuales”, explicó Héctor Cadena, ex presidente del Seguro Social.
Con ese modelo de ‘pilares’, se liberarían las arcas del Gobierno Nacional, que debe tomar del presupuesto más de 14 billones al año para el pago de pensiones.
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De acuerdo con el Gobierno, esta reforma pretende también mayor equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal para garantizar los derechos a la población adulta en edad de pensionarse.
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