Congreso de la Repùblica

La Fiscalía General de la Nación aplicará extinción de dominio a por lo menos cinco bienes de las hoy extintas Farc adquiridos para la llamada ganadería extensiva en los municipios de Montañita y Cartagena del Chaira, en el departamento del Caquetá. Las Farc, en su momento, se habían apropiado de los terrenos. Esta y otras noticias en nuestro panorama nacional.

Tumban tutela de protección de ley de garantías

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la tutela que buscaba proteger la ley de garantías de la modificación aprobada por el Congreso. En adelante, será el Consejo de Estado el que tome una decisión de fondo al respecto.

En las próximas semanas, la Corte Constitucional hará el control de exequibilidad respectivo para determinar si la ley firmada por el presidente para que se puedan usar los recursos públicos antes, durante y después de las elecciones, se ajusta o no a la Constitución.

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Entrevista con Iván Márquez

En una entrevista con el periodista William Parra de CM&, el ex comandante de las antiguas Farc y quien ahora dirige la llamada segunda Marquetalia, alias Iván Márquez, se mostró optimista en relación con lo que llamó una paz completa como alternativa para que con un nuevo gobierno pueda desarrollar plenamente el acuerdo de La Habana.

Márquez advirtió también que su organización adhiere a las distintas peticiones de colectivos sociales del país acerca de mejores condiciones laborales y de salud, entre otros. El ex negociador de las extintas Farc reveló las razones que lo llevaron a retornar a la ilegalidad y fundar un nueva organización insurgente.

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Avances de la JEP

Ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP deberá responder el coronel, hoy en retiro, Publio Hernàn Mejía, en su momento comandante del batallón la popa de Valledupar al no reconocer su presunta responsabilidad ante la JEP por los asesinatos de al menos setenta y cinco personas que fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate en los llamados falsos positivos. De ser hallado responsable, el militar podría pagar hasta veinte años de cárcel.

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