El oso andino es un animal catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una especie en amenaza, y con un alto grado de vulnerabilidad. Un ejemplar de esta especie fue hallado muerto en el municipio de Fómeque (Cundinamarca). Según un comunicado que publicó Parques Nacionales Naturales de Colombia, el animal fue encontrado en las veredas de Quebrada Blanca y Chinia en inmediaciones del Parque Nacional Chingaza, con varios disparos en su vientre, presuntamente por cazadores quienes abandonaron su cuerpo.

“A partir de este momento concentraremos todos nuestros esfuerzos en colaborar con las autoridades de Policía y la Fiscalía, con tal de identificar a los asesinos de este oso andino. No puede ser que en Colombia sigan sucediendo actos demenciales como este; el peso de la ley debe caer con toda su fuerza sobre los delincuentes que perpetraron este acto sin nombre”, dijo Oswaldo Jiménez, director de la Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio).

El cuerpo del macho adulto fue hallado el pasado viernes 17 de marzo, mientras las autoridades ambientales del municipio y la Policía Nacional realizaban un recorrido por la zona. Las autoridades acudieron para atender el llamado de la ciudadanía por la presencia de cazadores en una zona donde habita el oso Andino; un lugar donde predominan los ecosistemas de Bosque Alto Andino y Páramo.

Por otro lado, el director de la CAR Cundinamarca, Nestor Guillermo Franco, manifestó el rechazo y repudió el hecho. “Esperamos que se dé, rápidamente, con la identidad y el paradero de los responsables de este atroz crimen que pone en riesgo no sólo a la biodiversidad, al ecosistema, sino la vida y el bienestar de las comunidades que dependen de los servicios ambientales que se desprenden de proteger el equilibrio ecosistémico“, dijo.

Franco también agregó que es importante que este tipo de especie deba estar protegida por la ley, pero no solo la ley escrita en el papel sino también en la práctica, y los responsables deben responderle al país y a la justicia.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también se pronunció, y autorizó desde el Fondo departamental de seguridad la cifra de $15 millones de pesos para dar con el paradero del asesino o asesinos del oso andino. Para ello se habilitó la línea 123 Cundinamarca las 24 horas del día.

Julia Miranda Londoño, directora general de Parques Nacionales Naturales,  fue enfática en exigir que “las leyes en Colombia no sólo se deben cumplir; se deben endurecer para aquellos delincuentes que atenten contra los recursos naturales. Colombia es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado, pero no valoramos esa riqueza como debería ser; deberíamos tener penas drásticas, como en Gran Bretaña, en donde hace pocos días un inglés fue declarado culpable por capturar y matar dos ejemplares de una especie de mariposa protegida”.

El oso andino es una especie que ayuda a los ecosistemas de alta montaña; es un importante dispersor de semillas y se le conoce como el ‘jardinero del bosque’ por el importante rol que desempeña en los bosques andinos. Además permite la renovación de las coberturas boscosas. Tener ejemplares de su especie garantiza un adecuado funcionamiento del ecosistema .

“Ante la ausencia de este tipo de animales, el ecosistema se debilita a tal punto que se hace imposible mantener el equilibrio que ofrece bienestar y seguridad a las comunidades. Sin osos el bosque pierde funcionalidad”, aseguró José Fernando González Maya,  Presidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros de la UICN y asesor de Parques Nacionales Naturales, la CAR Cundinamarca y Corpoguavio.

De igual manera, la Alcaldía Municipal de Fómeque, Corpoguavio y Parques Nacionales Naturales de Colombia, hacen un llamado a la comunidad en general para que ante la presencia de este especie en sus predios informen de manera inmediata a los organismos de control y ambientales para que estas puedan tomar las respectivas acciones, y así evitar actos que atenten contra la vida silvestre, pues este tipo de actos contituyen un delito ambiental, de acuerdo a la Ley 1774 de 2016.

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