En las últimas horas, el presidente electo Gustavo Petro anunció que una de sus primeras propuestas de Gobierno será la de eliminar la Procuraduría General de la Nación.
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La propuesta lanzada por el presidente electo busca acabar con la Procuraduría General, para convertirla en una Fiscalía Anticorrupción. Esto, con el objetivo de que muchas de sus funciones de Ministerio Público pasen a la rama judicial hagan parte de una reforma constitucional. Sectores políticos hablaron de la viabilidad de la iniciativa.
“La Procuraduría es una institución de vocación monárquica, no de vocación democrática, pero, además, está quitándole recursos a la lucha contra la corrupción en donde la Fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción que se propone, puede fortalecerse con equipos de fiscales especializados dedicados exclusivamente a desmantelar grandes redes de corrupción en nuestro país”, declaró Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo.
El periodo de la actual procuradora, Margarita Cabello, termina en el año 2025 y una reforma constitucional necesita dos vueltas en el Congreso, es decir, ocho debates para convertirse en acto legislativo. Las acciones de transformación no serían inmediatas.
“Es muy importante entender que el debate no puede reducirse a los costos, los jueces nos cuestan, la Policía y el Ejército nos cuesta. El debate no es cuánto dinero nos vamos a ahorrar, sino qué papel cumple esta entidad y qué papel vamos a hacer para que se ajuste a la Convención Americana de Derechos Humanos y qué podemos hacer para que su tarea sea cada vez más eficiente”, sostuvo Tania Luna, docente de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.
La Procuraduría General cuenta con una planta de 4.137 empleados y maneja un presupuesto cercano a los 724 mil millones de pesos.
“No encuentro necesario que se elimine esta institución y que sus funciones jurisdiccionales, en torno a los funcionarios elegidos por voto popular, se radiquen en cabeza del poder jurisdiccional. Esto concentraría el poder de manera innecesaria, inadecuada y riesgosa”, expresó Ángela Bernal, docente de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.
El próximo 20 de julio se conocerán los detalles de las iniciativas legislativas del nuevo Gobierno, que se radicarán en el Congreso.
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