El caso de la muerte de Javier Ordóñez que quedó en manos de la Justicia Penal Militar es cuestionado por los juristas del país, que, conocido el dictamen de Medicina Legal, señalan que se trató de un atroz crimen que debería pasar de inmediato a manos de la Justicia Ordinaria.
Rodrigo Uprimy, jurista, manifestó que "parecería ser un delito en relación con el servicio, pues ocurrió en un operativo militar, sin embargo eso no es asó porque el articulo 3 del Código Penal Militar, en la ley 1407, señala en desarrollo de la jurisprudencia constitucional que cuando la conducta ocurrida con ocasión del servicio es tan atroz, es tan contraria a las funciones de la fuerza pública, a pesar de que haya sido cometida con ocasión del servicio rompe cualquier nexo funcional con el servicio y debe ir a la Justicia Ordinaria".
El jurista indica además que para recobrar la confianza entre la ciudadanía y la Policía es necesario que estos casos no terminen en la Justicia Penal Militar o al procedimiento interno de la inspección general de la Policía por las probabilidades altas de que las investigaciones avancen a paso lento.
"Durante varios minutos agentes de la Policía a un ciudadano inmovilizado le aplican repetidamente choques eléctricos y terminan matándolo, esto es tan contrario a la función de la Policía que es preservar nuestra vida, nuestros derechos y el orden público que se rompió cualquier nexo funcional con el servicio y este caso debe ser enviado a la Justicia Penal Ordinaria", agregó Uprimy.
Si bien ante los hechos, la Policía de Bogotá anunció que retiraría del puesto de vigilancia a los policías, quienes fueron trasladados a cargos administrativos, los expertos indican que deben ser retirados de la institución para que avance la investigación sin alteraciones o intervenciones de los acusados.
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