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La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia pidió que se respete la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el país, luego de que la presidenta de ese tribunal, Patricia Linares, denunciara que la Fiscalía General tomó sin permiso un caso bajo la potestad de su entidad.

“Los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los participantes en la confrontación armada dependen entonces del estricto respeto de todos los poderes públicos a la independencia y autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz”, indicó la misión de la ONU en una nota de prensa.

Linares reiteró este viernes, en una rueda de prensa, que el pasado jueves la Fiscalía accedió a una investigación que cursa en la JEP, lo que calificó como una ruptura de la reserva del material judicial.

La togada pidió que se respete la autonomía e independencia de la JEP luego de que la Fiscalía ordenara una inspección judicial a un caso sobre secuestros de la exguerrilla de las Farc ocurridos durante la confrontación armada en Colombia, y llamara a una entrevista a la presidenta de la Sala al frente de la investigación.

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“Esto no se trata de un choque de trenes, lo que realmente aconteció es que unos funcionarios de la Fiscalía, indebidamente, no solo accedieron y rompieron la reserva de material judicial, sino que irrespetuosamente quisieron citar a entrevista a la magistrada presidenta de la Sala”, manifestó Linares.

La magistrada afirmó que el caso de los secuestros cuenta con la reserva judicial que existe sobre cualquier expediente y que no es viable que una autoridad como la Fiscalía intervenga, tal como lo hizo.

“Hubo una irregularidad fehaciente y por eso el fiscal General inmediatamente revocó su orden. Tanto así que a las pocas horas llegó el mismo funcionario que había accedido y tomado copia digital del expediente y la destruyó ante la Secretaria General Judicial, la Secretaria Ejecutiva y un magistrado del Tribunal”, expresó Linares.

La JEP fue creada para investigar y decidir sobre los casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante el conflicto en Colombia.