Imagen tomada de Agencia Anadolu

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil le pidió al gobierno de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunidades ancestrales en el país durante la emergencia causada por el coronavirus (COVID-19).

“Esto se debe al incremento del riesgo que enfrentan quienes ejercen este rol en el contexto de encierro derivado de la pandemia en el país”, indicó la organización Global Witness sobre la petición.

Para la ONG, Colombia ha sido señalado en repetidas ocasiones “como uno de los contextos más peligrosos para la defensa de derechos humanos y del medio ambiente”.

“A partir de esta situación, Global Witness se unió a más de cien organizaciones que llaman al Estado colombiano, a través de la Unidad Nacional de Protección, a brindar todas las medidas necesarias que garanticen su seguridad”, detalló la organización.

Un reciente informe de la organización Business and Human Rights Resource Centre, citado por Global Witness, menciona que entre 2015 y 2019 al menos 72 defensores de derechos humanos, que plantearon reclamos a sectores empresariales, fueron asesinados.

“Nuestros datos muestran que Colombia es el segundo país más peligroso del mundo para los ataques a los defensores de derechos humanos que trabajan en causas contra negocios y empresas”, describió el informe.

La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo de Paz (Indepaz) registra que en Colombia han sido asesinados 110 defensores de derechos humanos solo en 2020, entre los que se encuentran 23 cuyos homicidios sucedieron durante la cuarentena declarada por el gobierno de Iván Duque desde el pasado 25 de marzo.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró en su informe anual, publicado el pasado 26 de febrero, que en 2019 fueron asesinados 108 líderes en Colombia.

Entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2020, el ACNUDH recibió, además, 56 denuncias de asesinatos de líderes y defensores de los derechos humanos, entre los que hay seis que han sido verificados.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, a mediados de enero pasado, indicó que cerca de 555 líderes sociales fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz hasta el pasado mes de diciembre.

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