El sindicato de guardianes del INPEC le exigió al Ministerio de Justicia prorrogar el artículo 27 del decreto 546 que suspendió el traslado de presos desde las URI y Estaciones de Policía a las diferentes cárceles en medio de la emergencia que viven por cuenta de la pandemia. Señalan que no cuentan con los elementos sanitarios suficientes para recibir a más reclusos en los centros penitenciarios.
Los guardianes advierten que a la fecha en algunos establecimientos carcelarios no han recibido los elementos de bioseguridad, que garanticen la protección de los reclusos y de quienes velan por su seguridad.
Indican, además, que no hay claridad frente a los protocolos para evitar nuevos brotes, aseguran que solo para el caso de Bogotá el registro muestra que hay más de más de 400 casos positivos en las URI y centros de detención transitorios.
Organizaciones defensoras de derechos humanos se suman a esta preocupación y expresan que, si bien algunos establecimientos carcelarios ya han superado la COVID-19, no se puede desconocer que tanto reclusos como trabajadores estarían riesgo de adquirir el virus dado el hacinamiento de los centros penitenciaros.
Para el movimiento carcelario y los sindicalistas del INPEC el decreto de excarcelación expedido por el Gobierno Nacional no garantizó reducir el hacinamiento en las cárceles.
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