En una carta de la Organización Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción, conformada por investigadores, un exmagistrado y líderes de la sociedad civil, manifiestan que ni el Congreso de la República está ejerciendo su labor de control político, ni las Altas Cortes su trabajo de revisión jurídica a voluminosas contrataciones del Gobierno o a decenas de decretos y resoluciones que han sido emitidos en el marco de las recientes declaratorias de emergencia económica.
Así se advierte en una carta cuyo texto señala que sin los controles de las otras dos ramas del poder público, el Ejecutivo puede estar extralimitándose en sus funciones y abriendo un amplio espacio a la corrupción.
En la carta se dice que durante las últimas semanas, las contrataciones de los ministerios, los departamentos administrativos y las unidades especiales del Gobierno no están siendo reportadas o publicadas en los canales que ordena la ley. Así, se obstaculiza el derecho de los ciudadanos a conocer y a controlar el gasto público.
Se llama al Congreso a asumir sus funciones, al Gobierno a facilitar el ejercicio del control jurídico y político y a presentar, lo más pronto posible, el “Primer informe COVID-19 en Colombia”. Además, se pide acelerar el estudio de constitucionalidad de lo actuado por el Ejecutivo al amparo de la emergencia económica.
Aquí el informe completo:
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