El Estado y la Constitución: equilibrio de poderes

En este tercer capítulo de La Promesa Congelada, en alianza con El Espectador, nos acompañó Jorge Cardona, editor general de este diario, para hablar del legado que nos dejó la Constitución del 91 y para analizar qué país quedó después de la Asamblea Nacional Constituyente a 30 años de su creación.

Según la analogía de Santiago Rivas, es cierto que, si una persona construye y vende un carro, y la persona que lo compra estrella a alguien con él, la responsabilidad es de quien manejaba el carro, no de quien lo construyó. Esto aplica para la Constitución del 91, la cual fue construida con una misión, que hoy en día no se cumple en todos sus sentidos.

“Uno puede ser muy maquiavélico y decir: aquí está la Constitución del 91, el ordenamiento institucional y las reglas de juego clásicas de una democracia liberal; garantistas y reconocedoras de derechos en lo formal ¿Cuál es el problema? Que en lo real todas esas reglas no se traducen necesariamente ni en mayor participación política, ni en mayor reconocimiento, ni respeto de derechos ¿Cómo juntar esos dos mundos? Esa es la respuesta que uno tiene que contestar”, comentó Sandra Borda, politóloga y docente universitaria, sobre el cumplimiento del bloque de constitucionalidad.

Desde 1991, la Constitución ha pasado por múltiples intentos de reforma, algunos exitosos, otros no tanto, y para muchos esto demuestra precisamente la valía de la carta magna.

“Uno de los golpes más duros que ha sufrido la Constitución fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, específicamente la reforma constitucional para la reelección presidencial y que destruyó el texto constitucional, porque destruyó el equilibrio de poderes (…) Hay fuerzas políticas que se resisten a la Constitución del 91 y que ven en la Constitución del 86 el país que ellos querían seguir siendo”, sostuvo la abogada y cofundadora de El Veinte, Ana Bejarano.

Instituciones nacidas de la Constitución del 91

Con la Constitución del 91 se crearon muchas instituciones o entes de control como la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Defensoría y la Procuraduría. Todas con altas y bajas, pero sin duda instituciones cuya misión es garantizar la separación de poderes.

“El país no le ha agradecido a la Constitución lo suficiente por separar del Gobierno las decisiones que deben tomar instituciones autónomas como, por ejemplo, el Banco de la República”, añadió Juan Carlos Esguerra, abogado y constituyente.

En ese sentido, el invitado en este capítulo de La Promesa Congelada puntualizó en los pasos de gigante que se dieron con la Asamblea Nacional Constituyente, pero reconoció que hay promesas que siguen congeladas.

“Las instituciones en general en la carta del 91 han cumplido un papel muy importante en respaldar el valor de la Constitución. Cabe aclarar que la clase política aún tiene una deuda muy grande con la Constitución de 1991”, señaló Jorge Cardona.

Pluriculturalidad y abolición del racismo estructural: ¿una promesa congelada?

El Artículo 70 de la Constitución reza: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.

Sin embargo, hay sectores de la población, como la comunidad LGBTI, los pueblos indígenas y la comunidad afro y palenquera, que ven deudas históricas en cuanto al cumplimiento de sus derechos.

“Tenemos la Constitución del 91 la cual reconoce que, como pueblos negros, étnicos, tenemos unos derechos, pero toca mirar los tiempos. Y es que, por ejemplo, el artículo transitorio 55, el cual dio pie para la Ley 70, avala a los pueblos negros desde nuestros concejos comunitarios y en todo el entorno en que nos movemos. Sin embargo, tiene un problema y es que muchos de los artículos de la Ley 70 no han sido reestructurados y ya llevamos 30 años de esa ley y no avanzamos”, comentó Yolanda Perea, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas.

Jorge Cardona y Santiago Rivas concordaron en los avances que se hicieron en cuanto a la abolición del racismo estructural en Colombia con la nueva Constitución, pero asimismo resaltaron que “hay una gran deuda agarraría. La sociedad colombiana le debe a gritos al mundo agrario colombiano muchas reivindicaciones en materia de derechos”.

De este y otros temas se habló en este tercer capítulo de “La Constitución del 91, una promesa congelada”. Aquí podrás revivir el programa completo: