Falta poco para las próximas elecciones a la presidencia de Colombia, contienda en la que están Luis Pérez, Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez, Sergio Fajardo y John Miltón Rodríguez, y aunque hasta el momento unos parecen tener más posibilidades de llegar a la Casa de Nariño que otros, lo que sí es cierto es que el país queda en medio de muchos retos, algunos urgentes, que deberá llegar a resolver el próximo presidente.
Sobre esto hablamos en el reciente capítulo de El Lunes, conducido y dirigido por Santiago Rivas, en donde estuvieron como invitados Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, con quien profundizamos sobre lo recientemente denunciado por Noticias Uno, medio que afirmó que el Gobierno de Iván Duque aprobó utilizar medio billón de pesos, en medio de campaña electoral, a través del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), Confis, del Ministerio de Hacienda para el Departamento para la Prosperidad Social, esto sin tener claridad sobre la destinación específica de estos recursos y además aprobados para la vigencia de 2023, cuando ya no serán Gobierno. Hay que recordar que esto se hizo en medio de la suspensión de la Ley de Garantías, acción en cabeza de Iván Duque, y que permite realizar contratación interadministrativa entre el Gobierno y entidades seccionales.
“Esto permite hacer contratos con muy poca transparencia para favorecer a sus candidatos, y como anunció Noticias Uno, ya estarían comprometidos medio billón de pesos. Eso es muy problemático, es groseramente inconstitucional, porque con un artículo del presupuesto se suspende una ley de mayor jerarquía: la ley estatutaria que garantiza igualdad en las elecciones”, precisó Uprimny.
Sobre esto enfatizó Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que es fundamental conocer en qué invierte los recursos el Gobierno Nacional, información, que como advirtió, en ocasiones ni siquiera es clara para el Ministerio de Hacienda.
Por otra parte, el analista se refirió a la llamada Ley de Empalme, la cual, como aseguró, tiene cláusulas muy problemáticas que le permitirían al presidente reservar información de orden público, violando normas de transparencia frente al presidente saliente y el entrante. “Suena muy mal que se haga por este Gobierno que ha intervenido tanto en política contra el candidato que lidera las encuestas: Gustavo Petro”, añadió el miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.
Ante este panorama, que ha desatado una fuerte desconfianza por parte de la ciudadanía en las instituciones y los gobernantes, los analistas invitados proponen tener niveles adecuados de control de los recursos y poder, esto a través de la difusión efectiva de la información, para garantizar la mayor transparencia
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