El gobierno de Gustavo Petro y la Federación Colombiana de Ganaderos pactaron una guía para lograr la compra y venta de tres millones de hectáreas de tierras de Colombia. La idea es que el Estado adquiera las hectáreas para avanzar en la reforma agraria.
“Este anuncio de la compra de tres hectáreas de tierra es tal vez el esfuerzo más grande que trató de hacer el Gobierno, por lo menos desde hace más de 50 años, y lo digo en términos redistributivos”, afirmó Jimena Bautista, coordinadora de tierras y campesinado de Dejusticia.
Según el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, de 1962 a 1999 se entregó 1,8 millones de hectáreas al campesinado colombiano. Un porcentaje nulo en más de 30 años.
Ningún gobierno había tenido voluntad política para materializar la reforma agraria, así lo menciona Gabriel Tobón Quintero, docente de la Universidad Javeriana.
“El cambio del nuevo gobierno es la prenda de garantía que puede tener este acuerdo, pero hay una ventaja y es la voluntad política de un gobierno que llegó prometiendo el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, indicó Gabriel Tobón Quintero, docente de la Universidad Javeriana.
Luego de la firma del acuerdo, donde se establecieron varias condiciones, algunos expertos cuestionan las garantías, sin embargo, quienes defienden sus territorios y tierras mencionan que una de las salvaguardias es la voluntad que mostró este nuevo gobierno.
“Hay un movimiento social, agrario, campesino, étnico y popular que votó por este cambio, no necesariamente por Gustavo Petro, pero sí por el hastío de tantas justicias y desigualdades con las tierras”, sostuvo Gabriel Tobón Quintero, docente de la Universidad Javeriana.
El acuerdo dice claramente que para que el Gobierno compre una tierra esta debe:
- Ser de propiedad privada.
- No tener ninguna medida de protección por riesgo de desplazamiento forzado.
- No estar involucrada en procesos de restitución de tierras.
- No tener procesos agrarios en curso.
- No pueden ser tierras con restricción ambientales para ponerlas a producir.
“Una de las garantías es precisamente que el acuerdo sea con Fedegán y lo que representa en el país. Es un actor importante en Colombia”, mencionó Jimena Bautista.
El acuerdo contempló que las tierras también deben ser fértiles y permitir la competitividad nacional, esto con la intención de lograr la integralidad y la redistribución de tierras acertadas, para poder garantizar la permanencia de las comunidades en el territorio.
Sumado a esto, también se requiere una constante presencia del Estado y para evitar la llegada de posibles actores externos que capitalicen las tierras, por lo que se rompería lo pactado.
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